La decisión se produce luego de que el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara el documento. El Gobierno argentino le pedirá al venezolano que “conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
Tras el anticipo de su posición, Argentina votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la declaración donde se alerta sobre la situación de los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro y propone que la Alta Comisionada de la ONU, Michele Bachelet, siga por dos años más en su misión de revisión de la crisis venezolana.
Con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra, se impuso la posición de la mayoría de los países y quedó aprobada la resolución que insta a Venezuela a atender las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que se equiparan a delitos de lesa humanidad.
“Es necesario el dialogo y la cooperación del gobierno de Venezuela. Esto resulta problemático y no ayuda al Estado en el cumplimiento de los derechos humanos”, sostuvo Villegas al fundamentar el voto a favor de la Argentina contra el régimen de Maduro.
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Mediante un comunicado, se había anticipado que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, comienza el texto.
“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.
La decisión se dio luego del malestar del Presidente con Carlos Raimundi, representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien rechazó el informe de la ONU sobre represión ilegal en el país que conduce Nicolás Maduro.
