La titular del INADI es investigada por “malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública”. Ahora, el juez Sebastián Casanello deberá evaluar ahora si hace lugar o no al pedido del fiscal Marijuán.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por ofrecer ingresar al organismo a una empleada doméstica que trabajaba para ella de forma particular.
En una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal reclamó que se la convoque como imputada a partir de la denuncia hecha por Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica que reprocha también no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.
En el dictamen, el fiscal evalúa que en castellano la palabra ´corrupción´ o ´corruptela´ se define como “toda mala conducta o abuso, especialmente los contrarios a la ley”. “Habrá de cobrar especial relevancia las disposiciones de la ´Convención Interamericana contra la Corrupción´, toda vez que la misma contiene normas que resultan esenciales al momento de interpretar toda vez que la misma contiene normas que resultan esenciales al momento de interpretar Ministerio Público de la Nación los diversos actos de corrupción, entre ellos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, sostuvo Marijuan.
La denuncia de Banda Oxa es porque Donda le habría intentado darle un plan social o contrato en el INADI mientras intentaba despedirla en plena pandemia durante el año pasado.
Según la empleada, si bien comenzó a trabajar para Donda en 2007, recién regularizó su situación previsional e hizo aportes a partir de 2016: justamente parte del reclamo es una deuda de salarios y en concepto de aguinaldos que le debería la interventora del INADI.
“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás. Decime que querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI”, fue uno de los mensajes que recibió la empleada de parte de Donda y que aportó ante la Justicia.
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En este sentido, Marijuán señaló: “La señora Banda Oxa testificó en forma detallada las alternativas por las que transcurrió, a lo largo de los años, el vínculo laboral con Donda, caracterizado por la informalidad y la falta de cumplimiento del régimen laboral vigente por parte de la imputada, y que culminara con reducciones de sueldos y retrasos en sus pagos durante los meses que rigió el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19”.
Por último, el fiscal sostuvo que Donda podía “ordenar la contratación de Arminda Banda Oxa cuando el motivo de ello no obedecía a una necesidad de la función pública sino del interés particular de la imputada”.
“Resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la Sra. Banda Oxa un contrato en el INADI, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”, agregó.
Ahora, el juez Casanello debe evaluar ahora si hace lugar o no al pedido del fiscal. “No tiene plazo para decidir”, explicó el fiscal en diálogo con TN.
La funcionaria es investigada por “malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública” tras la denuncia presentada por su exempleada. En concreto se la acusa por no hacerle los aportes patronales y ofrecerle en compensación un subsidio o un trabajo en la dependencia que encabeza.
