La causa por tráfico de información confidencial dio un giro en las últimas semanas por las pruebas presentadas por las defensas.
El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y el diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade denunciaron en 2016 a cuatro funcionarios de AFIP por presunto tráfico de información hacia Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, dos de las máximas denunciantes de corrupción en el ámbito político y judicial.
Los funcionarios acusados fueron Eliseo Devoto, Jaime Mecikovsky, Adriana Raggi y Alejandro Gustavo González. La causa comenzó en poder del juez federal Luis Rodríguez, pero después de varios meses y pruebas dispuestas, el magistrado se declaró incompetente en el caso y envió el expediente a su par Claudio Bonadío.
Las pruebas que Rodríguez consiguió para respaldar la denuncia habrían sido plantadas en la computadora de Mecilovsky, según comprobó un peritaje del Área Cibercrimen y la Sección Análisis Tecnológico de la Policía Metropolitana que informa La Nación.
«Los archivos en cuestión fueron introducidos a través de un almacenamiento externo sin iniciar el sistema operativo existente en la computadora», comprobaron los peritos. Con esta información, Bonadío sobreseyó a los acusados y se centró en los acusadores.
Kalbermatten es el abogado que tomó notoriedad luego de haber extorsionado, junto al financista Juan Manuel Ducler, a Sebastián Eskenazi. Ambos fueron detenidos para luego ser liberados en esa causa.
Según Bonadío, «se determinó que la conducta endilgada a los imputados no fue cometida por ellos, claro está, sino por las autoridades de la AFIP anteriores», en referencia a la gestión de Ricardo Echegaray.
Por último, el juez aseguró «que la anterior administración obtuvo datos reservados subrepticiamente, creando una sección especial para canalizarlos de los sistemas de AFIP y luego posiblemente utilizarlos»
