La Justicia detectó el uso irregular de datos biométricos. Además, ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido usado para obtener datos de dirigentes políticos, jueces, empresarios y periodistas.
La Justicia porteña suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos en la Ciudad de Buenos Aires después de detectar uso ilegal de datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas.
La decisión, adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, también ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA usadas para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000, explicaron fuentes judiciales a Télam.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
La suspensión del sistema se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.
