El Gobierno porteño pide que se declare inconstitucional el DNU. “Presentamos una cautelar para que se suspenda la medida”, aclaró la ministra de Educación de la Ciudad.
Minutos antes de llegar a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre las restricciones que implementó el Gobierno Nacional, el jefe de Gobierno porteño, presentó ante la Corte Suprema de la Justicia el amparo judicial para que se declare inconstitucional la suspensión de clases presenciales.
De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se publicó, el jefe de Estado suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país.
“Estamos buscando a través de todas las vías a nuestro alcance una medida que suspenda esta medida tan sorpresiva de la suspensión de clases. Es un amparo por la inconstitucionalidad, pero lo más importante es la cautelar para que se suspenda la medida. En paralelo apostamos al diálogo”, señaló la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en declaraciones a TN.
La funcionaria porteña reconoció que la Ciudad presentó “una cautelar para que se suspenda la medida” y explicó que las estadísticas muestran que “las familias no están usando el transporte público para ir a la escuela, los docentes tampoco”.
A la espera de una respuesta por parte de la Justicia, Acuña apostó a trabajar “todas estas horas que quedan hasta el lunes para revertir esta posición del Gobierno nacional” y pidió a las familias de los alumnos que “sigan alzando la voz”.
Entre otras cuestiones, el Gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
Para la Ciudad, la decisión de Alberto Fernández “resulta arbitraria” ya que “está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”. En este sentido, las autoridades porteñas sostuvieron que la medida “es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”.
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