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Dos buenas noticias para De Vido en las causas por la Tragedia de Once y Río Turbio

En la causa ferroviaria, el TOF 4 decidió que falta la instancia de la Corte Suprema y no volverá a la cárcel, aunque deberá usar una tobillera electrónica. En tanto, en la otra causa por la usina de carbón, el juez dictó la falta de mérito para el exministro, Roberto Baratta, el exgobernador santacruceño Daniel Peralta, entre otros.

El exministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, recibió en las últimas horas buenas noticias sobre dos causas que lo tenían involucrado, como la Tragedia de Once y Río Turbo.

Es que en la causa ferroviaria, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) decidió mantenerlo en libertad por la condena de cinco años y ocho meses de prisión hasta que falle la Corte Suprema de Justicia.

Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico impusieron la prohibición de salida del país, para lo cual el exfuncionario debe entregar la documentación, y que se evalúe la posibilidad de colocarle una tobillera electrónica.

La Corte ya confirmó la condena contra Juan Pablo Schiavi y el motorman, Marcos Córdoba quienes se encuentran privados de su libertad. En el caso de Ricardo Jaime, se pidió que la Cámara de Casación vuelva a pronunciarse sobre los delitos agravados al confirmar su sentencia acusatoria. También, permanece detenido.

Por su parte, respecto a la causa por la usina de carbón, Río Turbio, el juez Luis Rodríguez dictó la falta de mérito para el exfuncionario kirchnerista, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, el exgobernador santacruceño Daniel Peralta y directivos de Isolux Corsán, la constructora española también investigada en el caso cuadernos de las coimas.

La obra está bajo la órbita de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) cuyo interventor es Aníbal Fernández, quien además aseguró que la usina se concluirá.

De Vido, Baratta, Mayoral, Peralta, Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Ernesto Maxit (de la misma empresa) y Miguel Larregina (ex coordinador de YCRT), entre otros, estaban imputados en el expediente que investiga los presuntos sobreprecios en la construcción de la usina térmica de Río Turbio que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner pero que nunca se concluyó, y que la gestión de Mauricio Macri detuvo por las sospechas de corrupción.