La iniciativa dispone cambios en impuestos, jubilaciones y salud. Además, delega facultades especiales al presidente.
El gobierno de Alberto Fernández enviará este lunes un proyecto de ley para solicitar la emergencia económica, social y sanitaria; la disposición de un impuesto para las compras en dólares en el exterior (conocido como “dólar turista”) y la modificación de las alícuotas de Bienes Personales.
Desde el oficialismo se intentará avanzar con el proyecto esta semana en Diputados, en sesiones extraordinarias, y la oposición anticipó que, aunque dará quórum no apoyará la delegación de facultades especiales al Presidente.
Según trascendió, el proyecto contempla subas en el impuesto a los Bienes Personales, un tributo para las compras en dólares con una tasa un 30%, la autorización al Gobierno a otorgar aumentos a jubilados y estatales y, posiblemente, la inclusión de la suspensión del pacto fiscal.
Además, amplía las facultades del Ministerio de Salud, que lo habilita a restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas, entre otras políticas.
También le otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo para disponer medidas a través de la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sobre este punto la oposición está completamente en desacuerdo.
Uno de los ejes centrales del proyecto es que, como se prorroga el presupuesto 2019, va a poder ampliar estos recursos sin las limitaciones de la ley de administración financiera, negociar tarifas y acuerdos con las empresas concesionarias de servicios públicos.
Otro de los temas centrales es la eximición total o parcial de contribuciones a las Pymes y a las empresas que mejoren los ingresos de los empleados. La intención es que esa facultad también sea habilitada para las economías regionales.
Además, el objetivo es abrir una moratoria que les permita a las Pymes generar un nuevo plan de pago de sus deudas. El período de gracia para poder hacerlo será de seis meses con diez años de plazo, abonando la mitad de la tasa actual. Habrá una compensación de las deudas con reintegro.
Uno de los principales objetivos según se explica es combatir la economía en negro.
El gobierno de Fernández busca atacar un tema sensible como lo es el de las tarifas, que subieron mucho en el gobierno anterior. Se pretende rehacer el cuadro tarifario. El proyecto también autorizaría a revisar o intervenir en la actuación de los entes regulatorios.
Tanto para jubilaciones, los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo, habilitaran la devolución del IVA automática en las cuentas de hasta $700 de todos los beneficiarios. Esa financiación se haría directamente desde el Tesoro de la Nación.
En salud el proyecto busca recuperar el programa de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.
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