La demanda contra el gobernador de Jujuy y los diputados provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner es por incumplimiento de los deberes de funcionario público por irregularidades en contratos con dos empresas privadas.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados provinciales Rubén Rivarola y Liliana Fellner fueron denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público por supuestas irregularidades en los contratos firmados entre el Estado provincial y dos empresas privadas para la atención de pacientes con coronavirus.
La demanda fue presentada por los abogados Adrián Iconomovich y Jorge Albesa ante el Ministerio Público de la Acusación jujeño, quienes remarcan el indebido accionar en la contratación de “carácter oneroso” de dos empresas privadas con el fin de atender a pacientes con Covid-19.
“El Estado provincial ha efectuado una contratación con Mater NOA S.R.L., por $ 57.888.000 por 32 camas por un período de 67 días para la atención integral y específica a pacientes de Covid-19 de obras sociales que el Ministerio de Salud derivare a la Clínica Nuestra Señora de Fátima, de Palpalá”, se explica en la denuncia a la que accedió Télam.
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Iconomovich sostuvo que “se ha celebrado un contrato de carácter oneroso con la empresa Mater Noa SRL, cuya gerencia está a cargo de Rivarola, quien a su vez ejerce como diputado por el Partido Justicialista”, y tras remarcar una “incompatibilidad”, dijo que el contrato “persigue un beneficio particular” ya que “la clínica que él mismo representa en las contrataciones con el Estado provincial, embolsará todos los beneficios económicos que luego serán distribuidos entre sus socios”.
“Es decir que la provincia ha pagado camas no para garantizar la salud pública sino para garantizar el patrimonio privado de unos cuantos en perjuicio de la salud de los habitantes de la provincia, que no tienen la posibilidad de contar con una obra social”, sostuvo.
Por otro lado, la demanda indica que la diputada Fellner firmó “contrato directo con el Estado provincial para la realización de test PCR de manera monopólica”. Esto se debe al vinculo establecido entre el Gobierno de Gerardo Morales y la firma LAC Norte SRL, que integran ambos legisladores. Ahora, la Justicia deberá actuar y determinar el rumbo de la causa contra el gobernador y los legisladores.
