Es a pedido de la defensa de uno de los acusados que piden la inimputabilidad por discapacidades físicas y psicológicas.
La defensa de un acusado de 41 años por los abusos en el Instituto Próvolo de Mendoza, pidió que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar su caso.
J.L.O (se reserva su identidad por orden judicial) era empleado del establecimiento donde se produjeron los abusos. Es hipoacúsico y padece una discapacidad mental. Según sus abogados, varios informes sostienen que no debe estar detenido pero aún no fue liberado.
La juez de Garantías Patricia Alonso todavía no ha determinado si debe permanecer bajo prisión preventiva o debe ser liberado por sus condiciones mentales. El fiscal Gustavo Stroppiano estuvo de acuerdo con el cese de la prisión preventiva, pero no con el sobreseimiento.
La defensa del acusado reclamó la intervención en la investigación de un veedor internacional o personal del programa nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), algo que ya fue rechazado en instancia de Garantías.