Se invalidó por unanimidad la reforma que promovió Cristina Kirchner en 2006 y redujo la cantidad de miembros del organismo que interviene en la selección y remoción de los jueces. Ahora, los jueces volverán a tener 20 miembros, en lugar de los trece actuales.
La Corte Suprema declaró “inconstitucional” la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta decisión se dio un plazo de seis meses a la institución que selecciona y controla a los jueces para volver a la conformación anterior de 20 miembros, en lugar de los trece actuales. Además dispuso que el Congreso Nacional acuerde una nueva composición.
El fallo, que aún no está protocolizado, avala todo lo realizado por el Consejo desde su reforma pero establece que deberá volverse al “equilibrio” previsto en la ley de creación, inspirada en el Acuerdo de Olivos entre los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem para la reforma constitucional de 1994.
La resolución del máximo tribunal fue dispuesta por unanimidad de todos sus integrantes: el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Los fundamentos
* Los magistrados coincidieron en que la ley 26080 debe ser declarada inconstitucional porque hay una “demostración concluyente” de que a lo largo de 16 años de vigencia “se ha quebrado la regla de no predominio” y surgieron “falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”
* La noción de equilibro significa ausencia de predominio, de manera que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo
* El Consejo de la Magistratura ha mostrado diferentes composiciones y muchos esfuerzos personales de los consejeros, pero el diseño institucional ha conspirado para que esos propósitos finalmente se frustren
* Ha quedado demostrado que durante ese período hubo una falta de cobertura de cargos importantes por falta de acuerdos que se ha mantenido invariable. Han sido públicas las disputas políticas que originaron esta parálisis con gran desmedro del funcionamiento del Poder Judicial
* La selección de magistrados ha sido motivo de fuertes críticas por parte de las asociaciones profesionales, al alterarse el orden de las listas con apartamiento de las calificaciones
* La administración ha variado constantemente por la intervención de distintos sectores lo que ha motivado la parálisis de obras, el atraso en numerosos proyectos y una crisis de funcionamiento de todo el Poder Judicial
* Está claro que siempre hubo un poder de veto, de predominio, de un sector sobre otro, aunque fueron cambiando los roles
* Asimismo, es evidente que la ley diseña un sistema parlamentario para funciones que son ejecutivas, lo que ha facilitado este poder de veto o predominio
* Es claro que estas deficiencias no son imputables a un sector en particular sino al diseño mismo de la ley, que justamente es lo que debe ser modificado porque contraría los criterios constitucionales según la interpretación de esta Corte
La reforma del Consejo de la Magistratura
Se produjo en 2006 impulsada por Cristina Kirchner, que en ese momento era senadora. Además de reducir la cantidad de miembros aumentó el peso de la política en el organismo.
La ley 26.080 determinó que integraran el organismo tres jueces del Poder Judicial de la Nación, seis legisladores (cuatro por la mayoría y dos por la minoría), dos representantes de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico.
El Consejo de la Magistratura es un organismo clave, ya que selecciona y controla a los jueces y que también puede juzgarlos y apartarlos por mal desempeño.
