El fallo determinó que se deberá aplicar el incremento del 80% de manera escalonada a los magistrados y funcionarios judiciales durante los próximos cinco años.
La Justicia ordenó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aumente un 80% el salario de los magistrados y funcionarios judiciales.
La resolución fue dictada por el conjuez de Lomas de Zamora Juan Manuel Álvarez Acuña, quien se hizo cargo de resolver sobre la acción de amparo presentada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales bonaerenses y los presidentes de las asociaciones de los 19 Departamentos Judiciales de la provincia, en mayo de 2018.
De acuerdo al fallo, se deberá hacer un aumento escalonado a los magistrados y funcionarios judiciales, durante los próximos cinco años. El fallo dispuso que el Poder Ejecutivo bonaerense incluya las partidas necesarias en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2022.
La designación del conjuez está contemplada en la Constitución provincial y en varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y se fundó en el hecho de que ningún magistrado puede resolver en una causa en la que resultara afectado sobre sí mismo.
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El conjuez Álvarez Acuña tuvo en cuenta el acuerdo rubricado, en 2016, entre el Colegio de Magistrado y el gobierno bonaerense, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, para la conformación de una mesa de diálogo.
La resolución sobre la recomposición salarial se aplicará a jueces, fiscales, defensores, asesores de incapaces, secretarios, prosecretarios y oficiales del Poder Judicial bonaerense.
Entre los fundamentos de su resolución, el conjuez Álvarez Acuña tuvo en cuenta el acuerdo rubricado, en 2016, entre el Colegio de Magistrado y el gobierno bonaerense, a través de sus Ministerios de Justicia y Trabajo, para la conformación de una mesa de diálogo.
“El incumplimiento del Estado provincial fue lo que motivó la presente acción judicial y, pese a los esfuerzos realizados por esta judicatura para resolver el conflicto con el acuerdo entre las partes, me veo en la obligación de dictar sentencia”, expresó el conjuez en la resolución.
