Desde que se implementó el procedimiento en San Juan, desde la aprehensión hasta la condena, se resuelve en solo 60 horas. Mientras que en CABA, los casos que llegaron a judicializarse fueron en un 90% por delitos menores.
En diciembre de 2016, el Gobierno anunció la puesta en marcha de la Ley de Flagrancia, una norma que estableció un procedimiento jurídico sencillo y ágil con el que se pretendía resolver con mayor celeridad y eficacia los hechos en los que el autor resulta sorprendido en el momento de cometerlos o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública.
La ley aplica para casos con penas de hasta 20 años de prisión, es decir que abarca casi todo el Código Penal, pero solo son los pobres y los nuevos pobres los judicializados.
De acuerdo a un informe publicado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 de CABA, entre junio de 2018 y junio de 2019 los casos que llegaron a judicializarse fueron en un 90 % por delitos menores.
Según el estudio presentado al procurador Eduardo Casal, en el último año de un total de 61 detenidos sólo 4 estaban armados, 16 fueron a juicio oral y a 18 se les concedió la probation: se suspende el trámite del proceso para que el imputado cumpla con ciertas pautas de conducta y se resuelva su desvinculación definitiva del hecho.
Otros 16 acordaron juicios abreviados y solo 2 fueron sobreseídos. Otros fueron inimputables o declarados en rebeldía. El denominador es que se trata de nuevos desplazados del mapa, que ingresaron al sistema penal.
“Del total de los casos relevados surge que en su mayoría son varones, jóvenes de entre 18 a 30 años, desocupados recientes, o que hacían trabajos en construcción, con primario completo o secundario incompleto, situación de calle o reciente situación de calle, que vivían en provincia, consumidores de sustancias prohibidas, o alcohol, o ambos, con familia disgregada, es decir población vulnerable, pobre o marginal que va en crecimiento. La mayoría son sin armas, robos pequeños, de celulares u objetos que se revenden o comida”, señala el informe.
Por su parte, en la provincia de San Juan, desde que se implementó el sistema como una política de Estado se resolvieron el 100% de los casos, mientras que la duración del procedimiento promedio es de 2,52 días desde la aprehensión hasta la condena.
El comienzo fue a mediados de 2017, a partir de una decisión en la que coincidieron los tres poderes para darle velocidad judicial a la resolución de hechos de inseguridad. A 459 días del inicio, se registraron 1939 personas que fueron aprehendidas y sometidas al proceso de flagrancia.
En tanto, 1762 de esos casos fueron resueltos en la primera audiencia y 152 en la segunda, y el promedio de duración del procedimiento es de 60 horas desde el momento del arresto. De ellos, 1147 obtuvieron Defensa Pública (59%) y 792 lo hicieron con Defensa Privada (41%).
A tres años de la entrada en vigencia, para el presidente Mauricio Macri, la ley es “una herramienta innovadora” que permite “juzgar en pocas horas” a personas que delinquen y evitar así que los delitos “queden impunes”. Y, agregó que ese instrumento legal va a permitir a los argentinos ver “que la Justicia reaccione en tiempo y forma frente a la acción de las fuerzas de seguridad”.
tambien habria que investigar a los jueces garantistas porque dejan libres a los menores que delinquen y matan un menor con un arma tendria que ser imputable porque sabe lo que hace pero hay que modificar. ciertas leyes