Diputados de la Coalición Cívica acusan a Juan Martín Mena y a Cristina Caamaño de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
En el mismo día que se hará la marcha contra la Corte Suprema, diputados nacionales de la Coalición Cívica denunciaron al viceministro de Justicia y a la interventora de la AFI por la convocatoria.
Juan Martín Mena y Cristina Caamaño son acusados de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
Al hacer referencia a las declaraciones de Mena, que usó la frase que “hay mucha gente con hartazgo” para agitar la movilización, los legisladores remarcan que el viceministro de Justicia “convocó a una marcha que tiene por objeto la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque considera que la misma es un poder hegemónico al cual debe ponérsele límites”.
De esta manera, consideran que “lo expresado excede el marco de la sana crítica democrática ejercida en el marco del derecho a brindar su opinión libremente”. “El aval a mecanismos de presión directa sobre los jueces por parte del Secretario de Justicia no puede ser confundido con el derecho de peticionar ante las autoridades o a la libertad de expresión, máxime cuando su competencia funcional versa sobre ello”, se detalla en la denuncia.
Para los diputados “la convocatoria y las declaraciones de funcionarios públicos del más alto nivel del Poder Ejecutivo evidencian que el objeto de la marcha es presionar a los jueces de la Corte e interferir en su labor, lo cual está vedado por la ley”.
El documento lleva la firma de los diputados Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Stilman y Mariana Zuvic.
Por otro lado, la denuncia de los diputados también hacen referencia a las declaraciones de Caamaño, quien dijo públicamente que “la gente saldrá a la calle porque el problema está en la Justicia”. Los legisladores alertan que Caamaño “convoca a la misma marcha para solicitar la renuncia de los integrantes de otro poder del Estado, en lo que podría catalogarse como un atentado contra el orden constitucional, sobre el cual ella debería producir inteligencia”. “La conducta de estos dos funcionarios del más alto nivel del Gobierno nacional es contraria a las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de sus funciones”, concluyen.
