El delincuente había sido liberado por la jueza Patricia Susana Guichandut, a cambio de pagar 700 pesos.
La Justicia avaló el pedido del gobierno nacional para detener y extraditar al motochorro colombiano que había sido liberado después de pagar 700 pesos por el daño causado. Patricia Susana Guichandut fue la jueza que impuso ese canje que le valió la crítica del presidente Mauricio Macri y una denuncia para ser investigada.
Según fuentes judiciales, el magistrado Pablo Cayssials dispuso el viernes pasado la “retención” de Jair Stevens Jurado Mora para luego ser expulsado de la Argentina tal como señala la ley de migraciones.
La solicitud de retención fue presentada por la Dirección Nacional de Migraciones. La Policía Federal y el resto de las fuerzas de seguridad ya tienen la orden de arresto aunque todavía no se concretó.
Jurado Mora, de 24 años, fue detenido el 21 de enero luego de robarle el celular a una joven en el barrio de Almagro. 48 horas después, Guichandut le concedió una probation –suspender la causa penal a cambio de cumplir una serie de requisitos– con el acuerdo de la defensa y la fiscalía.
Sin recibir una pena, al acusado se le aplicaron reglas de conducta, entre ellas presentarse en Migraciones para regularizar su situación. Además le pagó a la víctima 700 pesos para resarcir el daño. Y simplemente se fue en libertad.
El caso tuvo una gran repercusión y a la ola de críticas se sumó la del presidente Macri: “Su caso es indignante, con una Justicia así no hay policía que alcance”, se expresó el mandatario en su Twitter.
Ante las críticas, Guichandut defendió su actuación. A través de un comunicado explicó cómo fue el procedimiento judicial, que lo hizo en el marco de la ley, que su resolución contó con el aval de la Fiscalía y que ni el Registro Nacional de Reincidencia ni la Policía Federal le informaron de antecedentes. Sobre los 700 pesos dijo que la norma establece que la reparación del daño debe ser “en la medida de las posibilidades” del acusado.
“Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional“, explicó la jueza, que también contó con el apoyo de la Asociación de Magistrados que rechazó las críticas por su actuación en una causa judicial.