Carlos Cruz representante del organismo querellante en el caso, inició su alegato en el juicio que se sigue contra el empresario y otras veinte personas, donde se los juzgan por maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares.
Por el juicio por lavado de dinero, conocido como “La Ruta del Dinero K”, la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que el caso es de una investigación de un delito trasnacional, en la cual el empresario Lázaro Báez “tiene la mayor responsabilidad”.
Carlos Cruz, representante de la UIF, organismo querellante en el caso, inició su alegato en el juicio que se sigue contra el empresario y otras veinte personas, entre ellas sus cuatro hijos, el mediático Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros.
El acusador sostuvo que la fortuna de Báez se construyó a partir de la “asignación de obra pública”, por la cual él se vio beneficiado. “Administró millones y millones de pesos que corresponden a los argentinos”, sostuvo.
“No lo ha hecho solo sino encontrando numerosas personas predispuestas a prestar colaboración y muchas personas que le han propuesto negocios”, adelantó en el alegato que concluirá con el pedido de penas.
Días atrás, la querella a cargo de la AFIP, pidió penas de ocho años para Báez, seis para el financista Elaskar y cinco para Fariña. También solicitó penas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín Báez (7 años y 6 meses), Leandro Baez (5 años), Luciana Baez (5 años) y Melina (4 años y 6 meses).
