Lo decidió el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, tras asegurar que no hay pruebas para afirmar que el entonces titular de la Secretaría de Comercio Interior participó en la manipulación de datos estadísticos, ni que haya intervenido en la labor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El magistrado afirmó que no hay pruebas y que se trata de «una cuestión política, no justiciable». La misma resolución abarca a sus ex colaboradores Beatriz Paglieri (ex titular del Índice de Precios al Consumidor), Ana María Edwin, Marcela Filia y Celeste Avellaneda.
«No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la Metodología 13 vigente. De hecho ningún testigo manifestó haberlo visto en alguna oficina del instituto en alguna oportunidad», según la resolución del juez, reproducida por Infobae.
El ex funcionario kirchnerista estaba acusado por una asociación civil de «haber instigado indebidamente mediante exigencias verbales y por escrito en forma directa y por interpósita persona en abuso de las funciones públicas que le fueran asignadas a funcionarios del INDEC, a la realización de cambios metodológicos y a la entrega ilegítima de datos primarios secretos».
Concretamente, según la denuncia original, de 2007, Moreno le había pedido a la entonces Directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, episodio que le costó el cargo.
Canicoba Corral al final de su resolución hizo una llamado de atención al Congreso: «Debo decir que llama la atención que el Poder Legislativo no haya evaluado la pertinencia de la sanción de una norma en la que se establezca legalmente el método por intermedio del cual se deberían efectuar las mediciones estadísticas a cargo del INDEC, así como también de la creación de un organismo auditor de las mismas para su control».
