Horacio Rosatti dijo que la filtración de los diálogos entre la ex presidente y el ex titular de la AFI es «fuertemente condenable».
El escándalo por la filtración de las escuchas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y su secretario Oscar Parrilli sigue abriendo grietas en la Justicia. Horacio Rosatti, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que llegó con el actual Gobierno, buscó despegarse de la polémica y pidió control del Congreso.
Según lo consigna Clarín, el ex ministro de Justicia de Kirchner, que mantiene una dura interna con el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, aseguró este lunes que «ese problema ya estaba comprado cuando yo llegué». Y reclamó: «En cualquier caso, acá lo importante es el control del Congreso».
Las escuchas están actualmente a cargo del Poder Judicial, luego de que el presidente Mauricio Macri decidiera correrlas de la órbita del Ministerio Público Fiscal, que hasta hace unos meses manejaba la ultra K Alejandra Gils Carbó. Y es un juez cercano a Lorenzetti, Martín Irurzun, quien debe controlarlas ahora.
«Acá tiene que haber control institucional sobre las escuchas, estén en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal, como estaba antes. Parece razonable que esté en alguno de los dos ámbitos, aquellos que llevan adelante la investigación o aquellos que juzgan», señaló Rosatti.
El juez advirtió: «Ahora, nada es garantía de nada y es muy condenable, fuertemente condenable lo que está pasando respecto de las filtraciones, la divulgación. No la divulgación en términos del periodista. El periodista hace bien, cuando he llamado a aclarar se ampara en una cláusula que nosotros colocamos en la reforma del 94, artículo 43, cuando habla del secreto de las fuentes de información. El problema está en la filtración. ¿De dónde viene la filtración? Y ahí entramos en un circuito sumamente peligroso».
Respecto al futuro de las escuchas, el magistrado opinó que «si llegado el momento, el Poder Judicial no está en condiciones de mantener esto con la debida garantía, esto lo planteará y deberá ir probablemente al Ministerio Público Fiscal o bajo otras condiciones a una agencia externa a los tres poderes del estado, con autonomía funcional y control siempre del Congreso».