Se trata de Sergio Rodríguez que apeló el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti que había archivado la causa y propone acusar a los funcionarios de malversación y a los vacunados de partícipes necesarios.
El Fiscal de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez apeló el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti que había archivado la causa del vacunatorio VIP y propuso revocar la sentencia y acusar a los funcionarios involucrados, como Ginés González García, de malversación de caudales y a los vacunados de partícipes necesarios.
Capuchetti archivó la investigación sobre 65 personas que integraban la lista de las 70 que recibieron dosis de la Sputnik V cuando aún la vacuna solo estaba destinada a los grupos estratégicos que dispuso el Ministerio de Salud.
En esa lista se encontraban entre otros, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini (y su esposa), el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda Chiche González, el ministro de Economía, Martin Guzman, el canciller, Felipe Sola, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, los legisladores oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés y el ex ministro de Salud Ginés González García
El fiscal definió la injusticia del vacunatorio VIP al considerarlo un acto de corrupción. “La discriminación consecuencia de la corrupción tiene como base el otorgamiento de un privilegio que no es legítimo. Cuando el resto de las personas se ven impedidas o demoradas en el acceso al derecho de que se trate, la corrupción ha perfeccionado su capacidad de producir esta desigualdad”, dijo.
Eduardo Taiano, es el fiscal del caso que había estado de acuerdo con la jueza Capuchetti, sin embargo el fiscal Rodriguez, especializado en delitos e irregularidades administrativas, que colabora con la investigación, se mostró disconforme con el archivo de la causa.
En su apelación el fiscal sostuvo “Los actos de corrupción producen, entonces, una desproporcionalidad en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que vulnera profundamente el derecho a la igualdad y no discriminación. En el caso bajo análisis, aparecería esta vulneración al generar una desproporción en el acceso a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa o indirectamente. El acceso anticipado a la vacuna, sin respeto al procedimiento establecido para todos los ciudadanos/as, en función de la cercanía a ciertos funcionarios, amistades, familiares, afinidades políticas, y cualquier otro motivo por el que se hubiera llevado a cabo la conducta, violenta estos principios, así como compromete la responsabilidad del Estado, al vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sin perjuicio de la vulneración a otros derechos, como el derecho a la salud…”
Y agrega: “Lo que está implicado es el hecho de que se evitó el sistema establecido para toda la población, otorgándose un privilegio ilegítimo y violando el principio de igualdad”.
La apelación de Rodríguez implica que sea la Cámara Federal la que revise la decisión que tomó Capuchetti la semana pasada.
