Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba fueron declarados “no culpables”, pero un reciente fallo del Tribunal de Casación dejó la decisión sin efecto por presuntas irregularidades durante el proceso.
En la causa por la denuncia de abuso sexual contra una menor de 14 años en un camping de Miramar, la Sala III de Casación Bonaerense declaró nulo el veredicto y ordenó hacer un nuevo juicio.
En septiembre pasado un jurado popular había declarado “no culpables” a los acusados Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, pero ahora Casación determinó que se realice un nuevo juicio y con otro jurado.
La nueva decisión judicial, está firmada por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, tras la presentación de los abogados Maximiliano Orsini y Juan Pablo Gallego, representantes de la familia de la víctima.
El planteo de nulidad del debate y veredicto presentado por los letrados estaba basado en la ausencia de la Asesora de Menores e Incapaces, en el grave defecto de las instrucciones al Jurado, y de la ausencia de registro audiovisual de la audiencia de instrucciones a los jurados.
Además, los abogados objetaron las condiciones en la que se obtuvo la declaración de la víctima durante el debate. El pasado 17 de septiembre un jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres declaró no culpables a Pitman, Jaime y Villalba, quienes habían llegado al juicio acusados por el delito de abuso sexual agravado cometido contra una menor en el camping “El Durazno”, en la madrugada del 1 de enero del 2019.
El veredicto del jurado se contrapuso con la postura acusatoria que mantuvo el Ministerio Público Fiscal, que habían entendido tras la instrucción que los acusados habían abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 de la madrugada del 1 de enero de 2019, “aprovechándose de la edad” y de que “no podía consentir libremente el accionar”.
La modalidad de juicio por jurados había sido solicitada por las defensas de los tres acusados, mientras que el representante de la adolescente y su familia habían rechazado el pedido y exigido a través de un planteo de inconstitucionalidad que el caso se resolviera en un juicio oral común.
