El Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), tuvo lugar este jueves en la ciudad balnearia con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el secretario de Justicia Santiago Otamendi, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, ministros y representantes provinciales y funcionarios de la cartera nacional.
El COFEJUS “es un ámbito en el que con los ministros de las distintas jurisdicciones de todo el país se acuerdan políticas públicas en materia de justicia, en materia penitenciaria, en materia de derechos humanos, de acceso a justicia. Es algo que viene funcionando muy bien”, afirmó Germán Garavano al encabezar el plenario.
El ministro, asimismo, estimó que “Esto permitió por un lado recomponer una deuda que tenía la Nación con las provincias en materia del patronato de liberados y de presos federales detenidos. Y permitió encarar políticas penitenciarias conjuntas y que el Ministerio tenga Centros de Acceso a Justicia en todo el país”.
En esa línea, el funcionario mencionó que “El año pasado más de 300 mil personas fueron atendidas y acompañadas lo cual permitió también coordinar políticas en relación a las víctimas que es una preocupación muy grande”, aseguró.
Durante el plenario se firmaron cartas compromiso para crear la Red Federal de Política Criminal, fortalecer las políticas de transparencia en la gestión y lograr la simplificación de trámites en la administración pública.
Cartas de compromiso federal
El plenario logró la firma de tres cartas compromiso. La primera propone crear la Red Federal de Política Criminal, que tendrá un representante de cada jurisdicción y será presidida el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez. La red tendrá como objetivo trabajar sobres el rediseño de las estructuras organizacionales de las instituciones del sistema de justicia, orientando el esfuerzo de las provincias y del Estado Nacional para eliminar las prácticas de gestión burocráticas, y dar lugar a sistemas de administración de justicia moderna con procesos basados en audiencias orales, que le dan transparencia y celeridad a la resolución de los conflictos penales. También se propone potenciar el uso de la tecnología en los sistemas de administración de justicia penal, instaurar la gestión digital de los casos en los poderes judiciales y los Ministerios Públicos y utilizar la innovación tecnológica para el desarrollo de la persecución penal inteligente.
En la segunda carta, los firmantes se comprometen a instar las medidas necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos que aumenten la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promover la implementación de esas medidas en el ámbito del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
Y con la tercera carta sobre simplificación normativa, se busca avanzar hacia una Administración Pública constituida por organismos que fomenten la implementen prácticas de buena gobernanza y avancen en mejoras regulatorias tendientes a la simplificación de trámites y formalidades para tener instituciones competentes, eficientes, abiertas, inclusivas y responsables.