El organismo recaudador hizo una presentación ante la Justicia, mientras se aguarda que Casación se expida sobre la causa.
La Cámara Federal de Casación tiene que definir sobre la libertad de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, como también determinar si cometieron defraudación al Estado o una retención indebida de tributo, al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC).
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la causa es denunciante y querellante, solicitó que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público.
Según constató Clarín, en un escrito de 22 páginas, la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de «defraudación al Estado».
«No estamos frente a una mera inactividad del órgano recaudador, ni de una mera aquiescencia frente a un evasor fraudulento. La gravedad y lo ostensible de las infracciones demuestra que se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción», indica el escrito presentado ante el magistrado.
La AFIP sostiene: «Hay una planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados. Se urdió la manera de sortear las alertas que establecían las normas vigentes para evitar sucesos como el que analizamos».
La maniobra que para la AFIP es una «defraudación al Estado» y permitió que López y De Sousa , a través de la sociedad Oil Combustibles SA, «utilice indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos».
El juez Ercolini, a raíz del pedido de elevación a juicio de la AFIP, le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, también solicitará que vayan a la próxima instancia por el delito de defraudación al Estado, según consigna el mismo diario.