El Ejecutivo instó a la comisión de reforma del Código Penal para que se endurezcan las sanciones en este tipo de casos.
El Gobierno prevé un aumento en las penas por los casos de corrupción en el nuevo proyecto de Código Penal que ya lleva un año de tratamiento en una comisión designada por el Ministerio de Justicia.
Los cambios también incluyen el decomiso de bienes previo a que el caso quede con condena firme, uno de los puntos más débiles de la actual legislación. Además de la poca cantidad de condenas firmes por este tipo de hechos, tampoco se han recuperado bienes en casos que tienen fallos confirmados en más de una instancia.
La comisión que dirige el camarista Mariano Borinsky busca quitar el margen de interpretación de los jueces y evitar fallos como el de Sala I de la Cámara Federal sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el que un cambio de carátula podría pasar el caso de la justicia federal a la tributaria penal.
Otro de los cambios propuestos es ampliar el período por el cual un ex funcionario puede ser juzgado por enriquecimiento ilícito. Actualmente la ley estipula hasta dos años después de abandonado el cargo, período que quiere ser llevado hasta los seis años.
Por último, el anteproyecto contemplaría la inclusión del delito de sobornos entre privados con el agravante de lavado de dinero, en los casos en que intervengan funcionarios públicos, lo que determinaría una pena mayor para todos los involucrados, en estos casos.
