Entre las siete las víctimas, hay un menor y es argentino. Así lo confirmó la alcaldesa de Prado del Rey, municipio de la ciudad de Cádiz. Los engañaban y prometían convertirlos en profesionales si viajaban al viejo continente.
Para la CGT “castigar en un derecho laboral no es el camino, y es ilegal”, mientras que la CAME consideró que la postura de la UIA es “un extremo”. Otras apoyaron la postura de la Unión Industrial Argentina.
