El juez Bonadio procesó a jefes comunales como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un proyecto de tratamiento de residuos.
La Justicia responsabilizó a la Provincia por la muerte de la familia por el mal estado de la Ruta 31. El accidente ocurrió en noviembre de 2009. La mamá y abuela de las víctimas del accidente, María Cristina Robert, quien murió este año, había interpuesto una demanda por daños y perjuicios.
